Los gobiernos están experimentando con nosotros a la hora plantear políticas para ampliar acceso a Internet
La semana pasada tuve la posibilidad de participar de la Reunión preparatoria para el Foro de gobernanza de internet de América Latina y el Caribe – LACIGF -. Esta es una reunión anual, con una participación nutrida de todos los actores involucrados en el tema de Gobernanza de Internet y, si bien no se busca llegar a acuerdos o declaraciones, sí se debate sobre los temas más importantes y actuales sobre Internet. En esta oportunidad, esos temas incluyeron, vigilancia y privacidad, derecho al olvido y libertad de expresión, propiedad intelectual y acceso al conocimiento, neutralidad de la red, desarrollo de contenidos y aplicaciones locales e internet de las cosas.
Este año, me invitaron a participar en el panel sobre Neutralidad de la red y la discusión sobre las ofertas de zero rating que pululan en la región, incluyendo la controvertida implementación de internet.org.
La neutralidad de la red es el principio según el cual “el tráfico de internet debe ser tratado con igualdad, sin discriminación, restricción o interferencia independientemente de su remitente, destinatario, tipo o contenido, para que la libertad de elección de los usuarios de internet no esté restringida por favorecer o desfavorecer la transmisión de trafico de Internet asociado con determinado contenido, servicios, aplicaciones o aparatos“. La Corte Constitucional Colombiana, en una sentencia reciente, vinculó la neutralidad de la red con la libertad de expresión, y reconoció la importancia de la no discriminación y el acceso en condiciones de igualdad para el ejercicio de la libertad de expresión en internet.
Durante la discusión del panel del LACIGF, una de las cosas que más me llamó la atención fue la idea de que los gobiernos están experimentando con nosotros, la ciudadanía, a la hora de plantear políticas públicas para ampliar el acceso a Internet. Es evidente que el diseño de políticas públicas amerita la experimentación, pero en el fondo me queda la duda sobre la forma como se plantean las hipótesis, y sobre cómo se miden los indicadores que permitirían leer los resultados de esas políticas, cómo se toman las decisiones de mantener o no ciertas políticas, cómo se crean legislaciones acordes con los diagnósticos de necesidades y oportunidades y, al final, cómo se garantiza el ejercicio de derechos de todos y todas en este nuevo espacio público que es Internet.
Quizás el mejor ejemplo es que Internet.org (un controversial proyecto de Facebook) sea parte de la política pública para ampliar el acceso de los ciudadanos colombianos a Internet. En un artículo anterior ya expliqué por qué esta iniciativa privada no es Internet. Es solo un acceso parcial a un puñado de aplicaciones, que está en contra del principio de neutralidad de la red, en la medida en que discrimina a sus usuarios y usuarias, restringe el acceso a otros servicios y favorece a ciertas empresas y contenidos, a la vez que plantea problemas a la innovación, la libertad de expresión y la intimidad.
Que el gobierno se case con esta opción como parte de sus planes para dar mayor acceso a todo el mundo, es realmente problemático. Si la hipótesis era que este programa permite que más personas decidan pagar por el servicio de internet, a siete meses de implementación, ya deberíamos tener cifras que nos digan si esto es cierto. Estas cifras deberían permitirnos decir si el experimento está funcionando y no está generando más discriminación entre aquellos que acceden a todo Internet y quienes solo pueden acceder de forma gratuita a Facebook y a las otras aplicaciones. Si otra de las hipótesis era probar cómo funcionaban los contenidos del gobierno incluidos en Internet.org, también deberíamos tener cifras de su uso.
De la discusión de la semana pasada, también me quedó claro que no solo los gobiernos experimentan, sino que estos experimentos los están haciendo las empresas. Permanentemente somos bombardeados por ofertas y planes basados en juiciosos estudios de mercado y el análisis de toda la información que las empresas tienen sobre nosotros. Estos experimentos también modelan a los usuarios y usuarias, en la medida en que internet es una de las plataformas de comunicación y de acceso a la información más influyente que tenemos a mano, y la exposición a noticias, comentarios e información en la red determinada también nuestra opinión y comportamiento.
Al final todos hablan de experimentar, experimentar con usuarios, experimentar con consumidores, experimentar con humanos. Pero toda experimentación debería tener reglas claras. Piensen en la necesidad de regulaciones en otros campos como el de la salud, los alimentos o los servicios básicos. Sé que internet no es lo mismo y que los casos de los que hablamos no son de vida o muerte, pero es cierto que la red es un espacio que cobra importancia y que cada vez es más utilizado para el ejercicio de otros derechos y esa agencia debe ser protegida. Si en los otros ámbitos lo deseable es tener regulaciones claras y organismos de regulación con dientes, capaces de poner sanciones y tomar medidas prontas cuando hay peligros inminentes, quizás es hora de pensar en que necesitamos lo mismo para internet. La conclusión que me queda es que toda experimentación con humanos debería ser discutida, regulada, controlada, evaluada y supervisada. Al parecer, en internet, eso aún nos falta.
Fuente original: Las 2 orillas .