La violencia facilitada por la tecnología contra personas defensoras del medio ambiente, particularmente en el Sur Global, se ubica en un continuo de violencia, explotación y extractivismo que se vincula cada vez más con la digitalización, en un proceso marcado por una extracción intensiva que abarca tierras, minerales, energía, agua, trabajo y datos. Las comunidades indígenas y tradicionales que libran una batalla contra el extractivismo en sus territorios se ven afectadas por el despojo de sus tierras, la degradación ambiental, la explotación de sus conocimientos y violaciones de sus derechos. Esta dura realidad queda al descubierto en cuatro nuevos informes de investigación que abordan los ataques en línea contra personas defensoras del medio ambiente y las respuestas colaborativas a esos ataques, en México, Filipinas, Kenya y Brasil. Los informes, cuyo lanzamiento está previsto para el 8 de octubre en un evento virtual, se acompañan de un análisis comparativo y una evaluación de las leyes y políticas de los cuatro países. Anticipándonos al lanzamiento, aquí te ofrecemos un avance de los puntos destacados.
Realidades vividas en las que se tejen resistencia y resiliencia
La violencia contra personas defensoras del medio ambiente, en particular aquellas que pertenecen a comunidades indígenas y tradicionales, ha aumentado en los últimos años, en un contexto marcado por el resurgimiento de movimientos de ultraderecha en diversas partes del mundo y la expansión del tecnocapitalismo hacia territorios tradicionales. En este escenario, quienes cometen actos de violencia se benefician cada vez más de las principales plataformas digitales, gracias a cómo están diseñadas esas plataformas y a su funcionamiento según algoritmos. Esto genera lo que se ha dado en llamar “violencia facilitada por la tecnología”. Además de los perjuicios directos causados a personas defensoras y a sus comunidades, esta situación obstaculiza la lucha por la justicia socioambiental, dado que desalienta el uso de la tecnología por parte de las personas defensoras y sus comunidades con fines de incidencia política, activismo y aprendizaje.
Es en este maco que en el año 2024 se creó la iniciativa “Resistencia y resiliencia”, en la que se trabajó estrechamente con personas defensoras del medio ambiente para documentar experiencias de acoso, vigilancia y desinformación dirigida, acciones que buscan silenciar la resistencia a proyectos extractivos. Las investigaciones se llevaron a cabo desde enfoques participativos feministas en colaboración con más de 20 comunidades indígenas en cuatro países, atendiendo a las necesidades y prioridades específicas de cada comunidad.
Dos años más tarde, estos informes destacan los desafíos específicos enfrentados en cada país, ilustrando cómo los ataques en línea se entrecruzan con formas históricas de violencia y violaciones de derechos, con dimensiones de género, raciales y étnicas profundamente arraigadas.
En los cuatro países, el trabajo de investigación con las comunidades evidencia una importante brecha digital: el acceso limitado a internet, dispositivos y habilidades tecnológicas aumenta la vulnerabilidad frente a desinformación, fraudes, vigilancia y ataques cibernéticos. Además, el predominio de las grandes compañías de tecnología en la provisión de servicios de internet ha exacerbado el impacto de las campañas de desinformación en contextos en los que los ecosistemas de medios locales han sido diezmados.
La investigación en Filipinas revela que las personas defensoras del medio ambiente que pertenecen a comunidades indígenas y tradicionales no sufren incidentes esporádicos o aislados de violencia, sino que viven la violencia como un proceso sistemático, continuo y de múltiples capas. La violencia facilitada por la tecnología se está utilizando cada vez más para silenciar e intimidar a personas defensoras y se está convirtiendo en una creciente dimensión de la represión.
En Kenya, la labor de investigación realizada junto a cuatro comunidades indígenas muestra que las personas defensoras que se dedican a mejorar la educación ambiental en sus entornos enfrentan un abanico de agresiones, desde discursos de odio, ciberacoso, vigilancia y seguimiento hasta noticias falsas, doxeo (difusión malintencionada de datos personales) y ciberataques directos.
En Brasil, la desinformación es la forma más común de violencia facilitada por la tecnología contra personas defensoras del medio ambiente, en particular en comunidades indígenas y tradicionales. Mientras persiste el problema de la desigualdad en el acceso, la llegada de Starlink a la región amazónica está produciendo efectos económicos, sociales y culturales.
Los informes también identifican diversas formas de resistencia y brindan recomendaciones concretas para avanzar. En Cherán, México, tras años de violencia del crimen organizado e inacción estatal, en 2011 la comunidad comenzó a organizarse en defensa de su bosque y para establecer un sistema de autogobierno. Ante la desinformación y la violencia facilitada por la tecnología contra miembros de la comunidad, en especial mujeres indígenas en cargos de dirección, la comunidad de Cherán creó sus propios medios (radio, redes sociales, intranet) y estrategias de protección comunitaria.
En términos generales, la investigación detectó que existe una clara necesidad de evaluar mejor el verdadero costo que suponen la infraestructura y las tecnologías digitales para estas comunidades, teniendo en cuenta sus derechos y su relación con los ecosistemas ambientales y culturales.
Una iniciativa colaborativa dirigida por la comunidad en apoyo a personas defensoras del medio ambiente
La iniciativa “Resistencia y resiliencia” surgió como un esfuerzo colaborativo para realizar investigaciones dirigidas por las comunidades junto con personas defensoras que están en la primera línea de combate en un contexto de restricción del espacio cívico en la emergencia climática. A lo largo de dos años, la labor de investigación se basó en experiencias, necesidades y prioridades de las comunidades participantes y contó con la colaboración de investigadores comunitarios en cada etapa del proceso. Los resúmenes de investigación recientemente publicados son por ello más ricos y transversales y abarcan un espectro más amplio de temas, incluido la consideración de cómo ingresa la tecnología a estas comunidades y cómo impacta el solucionismo de las grandes compañías de tecnología en los ecosistemas de medios locales.
A nivel mundial, la iniciativa “Resistencia y resiliencia” es encabezada por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) en colaboración con Indigenous Peoples Rights International (IPRI), que brinda apoyo para el proyecto en general; Voces del Territorio, que ejecuta el proyecto en México; Manila Observatory through the KLIMA Centre (MO-KLIMA), que implementa el proyecto en Filipinas; Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social, responsable del proyecto en Brasil; y Ogiek Peoples’ Development Program (OPDP), que lleva a cabo el proyecto en Kenya.
La iniciativa “Resistencia y resiliencia” recibe el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), que financia iniciativas en Asia, África y América Latina que trabajan con personas defensoras del medio ambiente en el contexto de la restricción del espacio cívico en la emergencia climática.
michelle shawna es activista por la justicia ambiental y está a cargo de la coordinación del proyecto. Actualmente ocupa la dirección en materia de justicia ambiental en APC.
* Esta entrada de blog se basa en las conclusiones de investigaciones realizadas a nivel de país por las siguientes organizaciones:
Ogiek Peoples’ Development Program (OPDP) es una organización no gubernamental kenyana establecida en 1999 con el objetivo de abogar por los derechos de la comunidad ogiek y de otros pueblos indígenas. OPDP se dedica a proteger los derechos humanos, preservar la cultura y promover el desarrollo sostenible entre poblaciones indígenas.
Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social es una organización de la sociedad civil brasileña que lucha por el derecho a una comunicación democrática. Fundada a principios de los 2000, Intervozes trabaja para promover la libertad de expresión, el acceso a la información, el pluralismo en los medios y el derecho a la comunicación como derechos humanos fundamentales.
Manila Observatory es una institución de investigaciones de Filipinas establecida en 1865. Se centra en la realización de investigaciones científicas para potenciar a las comunidades en sus esfuerzos por alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y resiliencia ante el riesgo de desastres. Dentro de esta institución, el Centro KLIMA funciona como interfaz entre la ciencia y la sociedad, con el fin de aportar fundamentos científicos para apoyar la formulación de políticas, prestar asistencia técnica, crear capacidad y difundir información para diversos interesados, entre ellos organismos gubernamentales nacionales y locales, socios internacionales en el sudeste asiático, organizaciones no gubernamentales y el sector privado.
Voces del Territorio es una organización de la sociedad civil mexicana liderada por personas indígenas para coadyuvar con pueblos indígenas en la defensa de sus derechos colectivos mediante el desarrollo e implementación de estrategias de incidencia internacional. Tiene la responsabilidad de coordinar en México el trabajo de Indigenous Peoples Rights International (IPRI), a través de un grupo núcleo de organizaciones que trabajan en México.