Como organizaciones de la sociedad civil internacional, regional y nacional que trabajamos en la intersección entre la tecnología y los derechos humanos, nos preocupa sobremanera el hecho de que el acceso a las vacunas y medicamentos se gestione de acuerdo a un paradigma que prioriza los derechos de la propiedad intelectual y el rédito por sobre los derechos humanos y la salud de las personas, en medio de la devastadora pandemia de COVID-19. También resulta perturbadora la ausencia de análisis sobre las consecuencias que tiene para los derechos humanos el uso de las tecnologías digitales en este sentido.
El 12 de mayo, un informe realizado por un panel de expertos nombrados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la pandemia de COVID-19 era evitable. Según los expertos y expertas, “la fragilidad de los vínculos en cada punto de la cadena de preparación y respuesta” fue lo que generó el desastre. Sin embargo, entre las principales conclusiones del panel se reconoce el éxito en el desarrollo de vacunas a una velocidad sin precedentes”.
Para que esto sucediera, sería esencial contar con la colaboración de datos abiertos y ciencia abierta. Un ejemplo de dicha colaboración, que brinda el panel, fue compartir la secuenciación del genoma del virus en una plataforma abierta – lo que llevó a “la creación de tests de diagnóstico más veloz de la historia”.
La información compartida sobre el genoma es un ejemplo de la onda inicial de colaboración y solidaridad que pretendía promover una respuesta cooperativa y global frente a la crisis, a principios de 2020. En marzo de ese año, la OMS lanzó el COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP) con el fin de “compilar, en un solo sitio, las promesas realizadas bajo el Llamado a la acción solidaria de compartir voluntariamente todos los conocimientos, la propiedad intelectual y los datos de tecnología sanitaria relativa a la COVID-19”.
Sin embargo, estos esfuerzos fueron tempranamente abandonados para dar prioridad a otras iniciativas tales como COVAX, que en lugar de promover una coordinación colaborativa en base a modelos abiertos, reafirmó los derechos de propiedad intelectual – incluso en plena pandemia – y condujo a una carrera distorsionada por la cual la distribución de vacunas quedó en la sombra. Esta distribución no se realizó en forma equitativa o estratégica, e impuso una gran carga a los países de bajo y mediano rendimiento, exacerbando así las desigualdades globales y nacionales.
A principios de febrero de 2021, el Director General de la OMS alertó sobre dicha situación: “A nivel mundial, el número de vacunas supera ahora al número de contagios reportados. Pero más de las tres cuartas partes de esas vacunas se encuentran en apenas 10 países que representan casi 60% del PIB global. Alrededor de 130 países donde viven unos 2.500 millones de personas aún no administraron ni una dosis”.
Con el fin de dar respuesta a esta situación, el Panel Independiente para la Preparación y Respuesta ante una Pandemia, creado por la OMS, recomendaba que “la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la OMS deben llamar a los principales países productores de la vacuna a ofrecer las patentes y realizar la transferencia de tecnología para las vacunas contra la COVID-19 en forma voluntaria. Si no se producen acciones en 3 meses, debería entrar en vigor inmediatamente una dispensa de los derechos de propiedad intelectual del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPICs)”.
Es importante que los esfuerzos para superar los obstáculos para dar respuesta a la COVID-19 incluyan al régimen completo de derechos de propiedad intelectual. Para producir vacunas mRNA se requiere acceso a algoritmos informáticos que pueden estar protegidos por copyright. Reparar y reproducir ventiladores y otros dispositivos médicos implica tener acceso a software sujeto a patentes. También son necesarias exoneraciones para acceder al conocimiento y a trabajos educativos, así como para hacerlos accesibles para uso digital y a distancia, sobre todo en los períodos de distanciamiento social y confinamiento.
El desafío es doble: actuar con cuidado y compromiso globales respetando el derecho de todas las personas a tener acceso a la atención médica y los medicamentos esenciales para salvar vidas en respuesta a la pandemia actual, y evitar una mal manejo de la salud global en caso de una nueva crisis. En otras palabras, para gestionar adecuadamente la pandemia actual, las nuevas olas posibles de la misma, y también otra nueva pandemia, es necesario dar prioridad a la salud y los derechos de las personas – y no a la propiedad intelectual y el rédito.
Sin duda, esta no es la única medida necesaria para evitar la repetición, pero es de todas formas una medida urgente y factible. Aumentar el alcance y la velocidad de vacunación puede ayudar a frenar la alta tasa actual de trasmisión del virus y el surgimiento de variantes. Esta medida también puede tener un impacto positivo en la capacidad de respuesta, sobre todo en los países de bajo y mediano rendimiento, en cuanto al fortalecimiento de la capacidad de producción local de la vacuna, la capacitación de los recursos humanos cualificados y el acceso al conocimiento, todo lo cual será de utilidad no sólo para esta pandemia, sino también para las que puedan surgir en el futuro.
Expresamos nuestro firme apoyo a la solidaridad internacional para levantar todas las barreras de la propiedad intelectual a fin de prevenir, contener y tratar la COVID-19 y alabamos la decisión del gobierno de Estados Unidos de apoyar una exoneración de la propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19. Es fundamental brindar acceso a las investigaciones y otros recursos en forma inmediata en todas partes del mundo, para poder utilizar dichos recursos y construir en base a lo que ya se ha hecho. La eliminación de barreras legales contra el conocimiento es un complemento clave para apoyar los esfuerzos de eliminación de patentes y otros obstáculos que impliden la producción masiva y urgente de vacunas. Además, la decisión del gobierno de Estados Unidos, que debería ser emulada por otros gobiernos del Norte global, sienta las bases para generar un punto de inflexión en pos de la justicia en relación al acceso a las vacunas y a fin de colocar la vida de las personas por encima del rédito de las corporaciones.
Es necesario reconocer y levantar las barreras que impone la propiedad intelectual en la lucha contra la COVID-19. La Organización Mundial de Comercio (OMC) puede invocar la exoneración de algunos derechos de propiedad intelectual sobre tecnologías relevantes que afecten derechos fundamentales tales como la salud y la educación debido a la excepcional crisis mundial que estamos viviendo.
Esta fue la propuesta que presentaron India y Sudáfrica en octubre de 2020. Esos países, a los cuales más tarde se unieron otros, solicitaron a los miembros de la OMS excepciones en cuatro categorías de los derechos de propiedad intelectual – derechos de autor, diseño industrial, patentes e información confidencial – que se encuentran en el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) hasta que la mayoría de la población mundial reciba vacunas eficaces y desarrolle inmunidad contra la COVID-19.
El 5 de mayo, Estados Unidos, uno de los miembros de la OMS que se opuso a la propuesta de exoneraciones, anunció un cambio de posición. Si bien la declaración de Estados Unidos limita su apoyo a exonerar los derechos de propiedad intelectual únicamente a las vacunas, podría contribuir a otra importante ronda de negociaciones en la OMS.
Para frenar esta tragedia se requiere solidaridad y cooperación a fin de promover la atención sanitaria como un derecho humano, junto con un uso sensato de las tecnologías digitales con esta finalidad. En ese sentido, es fundamental que los gobiernos y los diferentes grupos de interesados reviertan la persistente situación de exclusión digital y las intersecciones entre la situación de la pandemia y la brecha digital. El exceso de confianza en la tecnología digital para controlar la pandemia y brindar información, así como para gestionar la administración de las vacunas, ha generado un nuevo nivel de exclusión y discriminación de los sectores más vulnerables. Tal como se vio en India y otros países del Sur global, esta situación ha generado más exclusión.
Nosotros y nosotras, representantes de las organizaciones abajo firmantes, exigimos que:
-
Los líderes mundiales vuelvan a iniciar el diálogo sobre la necesidad de crear un nuevo paradigma para la gobernanza de las ciencias, los datos y las patentes sanitarias a nivel mundial. El monopolio de los conocimientos de la industria y el mercado farmacéutico es una amenaza contra el esfuerzo actual a fin de superar la pandemia de COVID-19, y contra esfuerzos futuros para superar otras crisis globales en el área de la salud. Además, dicho monopolio constituye una seria amenaza en tanto agrava de un modo sin precedentes las inequidades sociales existentes y otros factores determinantes de la salud. Esto es debido a la manera en que los líderes mundiales y las instituciones internacionales están gestionando la presente crisis sanitaria mundial.
-
Los Estados apoyen la exoneración de los ADPICs, garantizando la adopción de medidas que incluyen la transferencia de tecnologías y que aseguren su implementación adecuada, promuevan el acceso universal a la asistencia médica y la vacunación gratuita para todas las personas.
-
Se adopten medidas urgentes que vayan más allá de las patentes, para aclarar que todos los derechos de propiedad intelectual y los acuerdos derivados de estos, incluyendo las cláusulas sobre propiedad intelectual del Acuerdo sobre los ADPICs:
-
Pueden y deben interpretarse e llevarse a cabo con el fin de respetar la primacía de las obligaciones establecidas en los derechos humanos durante la pandemia y otras emergencias, incluyendo el derecho a solicitar, recibir e impartir información y educación, así como a participar libremente en la vida cultural y compartir los avances científicos y sus beneficios, protegiendo simultáneamente el interés moral y material de sus autores/as.
-
Permiten a los gobiernos proteger y promover intereses públicos fundamentales durante emergencias sanitarias y de otras índoles.
-
Permiten a los gobiernos llevar adelante y extender las limitaciones y excepciones que sean adecuadas al ámbito digital, sobre todo durante una emergencia sanitaria, o de cualquier otra índole.
-
Adoptan una estrategia más equitativa para acceder a los servicios de vacunación y atención médica. En este sentido, establecer y poner en marcha mecanismos alternativos para que la gente sin acceso a tecnologías digitales y conectividad pueda registrarse para recibir vacunas y tener acceso a la información relevante, así como a recibir atención médica a corto plazo; y revertir la exclusión digital en el medio y largo plazo.
-
Queremos expresar nuestra convicción de que los gobiernos tienen el poder para brindar una respuesta más humana a la pandemia y para garantizar que las tecnologías digitales contribuyan a generar respuestas más eficientes. Los gobiernos tienen en sus manos la posibilidad de levantar la barrera de la propiedad intelectual que impide el acceso universal a los sistemas de salud y a la vacunación gratuita contra la COVID-19 para todos y todas.
Si usted, o su organización desean firmar esta declaración, acceda aquí.