Este informe sintetiza las principales preocupaciones sobre la intersección de los derechos humanos y la tecnología en Paraguay, basándose en las tres presentaciones de partes interesadas para el 52.° período de sesiones del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) realizadas por TEDIC, conjuntamente con la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), ARTIGO 19 y Derechos Digitales. Los hallazgos clave revelan un deterioro del entorno para la sociedad civil y las libertades fundamentales.
En primer lugar, se constata una restricción significativa del espacio cívico a través de la promulgación de la Ley N.º 7363/24, conocida como “ley antiONG”. Esta norma, de carácter ambiguo y punitivo, impone controles desmedidos que amenazan la autonomía y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, en un contexto de ataques y desinformación contra entidades como TEDIC.
En segundo lugar, la expansión de las capacidades de vigilancia estatal se produce sin un marco legal adecuado, transparencia ni supervisión independiente. La adquisición y el uso de tecnologías como el reconocimiento facial, los IMSI catchers y los drones, financiados en parte con fondos públicos destinados a reducir la brecha digital, plantean graves riesgos para el derecho a la privacidad. El monitoreo de protestas pacíficas evidencia el uso de estas herramientas para el control social.
En tercer lugar, la violencia de género facilitada por la tecnología (VGFT) es un fenómeno generalizado y estructural. El marco legal existente, principalmente la Ley N.° 5777/16, es insuficiente para abordar la complejidad de estas agresiones y, además, ha sido utilizado de manera distorsionada para censurar la libertad de expresión, especialmente de periodistas. Casos emblemáticos como el de Belén Whittingslow exponen las profundas falencias del sistema judicial para proporcionar justicia y reparación a las víctimas.
Finalmente, persisten profundas brechas digitales que perpetúan la desigualdad, especialmente entre zonas urbanas y rurales y para las comunidades indígenas. La falta de una regulación robusta de la neutralidad de la red y el uso indebido de datos personales en el ámbito electoral agravan la vulnerabilidad de la ciudadanía y debilitan la integridad democrática. El país promulgó la primera ley de integral de protección de datos personales en noviembre de 2025; será importante reglamentar con urgencia su aplicación. Lamentablemente, la ley no contempla una autoridad de control independiente, y además contiene un artículo controversial que limita el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.